El divorcio es la disolución judicial del vínculo conyugal. Su regulación sustantiva se encuentra en el Código Civil, en los artículos 86 a 107. Los aspectos procesales se recogen fundamentalmente en los artículos 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una de las modalidades del divorcio es el denominado divorcio consensual o de mutuo acuerdo. La característica fundamental del mismo es que el correspondiente procedimiento judicial se inicia mediante la presentación, ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio conyugal, o el del domicilio de cualquiera de los cónyuges si estos ya vivieran separados, de una demanda de divorciofirmada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro.

La ley exige que la demanda se acompañe con una serie de documentos, entre los que destaca el convenio regulador, que tiene por objeto ordenar las consecuencias personales y patrimoniales de la disolución del vínculo conyugal, según el contenido mínimo que establece el Código civil. La redacción y aprobación del convenio regulador constituyen, por tanto, el trámite esencial de un divorcio consensual.

Una vez admitida la demanda de divorcio, el Juez cita a las partes para que se ratifiquen en su voluntad de divorciarse y presten su conformidad con el contenido del convenio regulador. Si los cónyuges no se ratificasen ante el Juez, éste ordenará el archivo del asunto, quedando abierta la posibilidad de recurrir al divorcio contencioso.

En el caso de que los cónyuges se ratifiquen en su pretensión y confirmen el contenido del convenio, el Juez deberá  examinar su contenido, comprobando que no sea dañoso para los hijos del matrimonio, si los hubiera, ni extraordinariamente perjudicial para uno de los cónyuges.

Si tras el examen mencionado, el Juez considera correcto el convenio regulador, se procede a dictar sentencia. En caso contrario; es decir, si no se aprueba el convenio regulador, dará a los cónyuges un plazo de diez días para subsanar los defectos apreciados.

En el caso de hijos menores se solicita informe del Ministerio Fiscal y los menores podrán ser oídos, si son mayores de doce años o, si, a pesar no haber alcanzado dicha edad, tienen suficiente juicio. En la práctica, esas audiencias casi no se producen en los procedimientos consensuales, limitándose a los divorcios contenciosos.

Los divorcios, por tanto, pueden ser de mayor o menor complejidad según las relaciones previas, personales o económicas, de los cónyuges y de los efectos que se prevean para el convenio regulador: si hay hijos menores, si se liquida la sociedad conyugal, si hay cargas sobre los bienes, si se fija pensión alimenticia o compensatoria, etcétera. Las tarifas de Canalta Abogados van en función, precisamente, de esa mayor o menor complejidad que presente la regulación de la disolución conyugal.

Si está usted interesado en obtener más información sobre el caso concreto, en atención a sus particulares necesidades, puede visitarnos en nuestras oficinas. Nuestro horario: lunes a viernes (8:30-13:30) y lunes a jueves, también por la tarde (16:30-19:30). Aunque no es necesaria cita previa, sería conveniente que fijáramos vía telefónica o por mail el día y la hora de nuestra reunión, a fin de atenderle lo antes posible y evitarle esperas.

La primera consulta tiene un coste de 50 euros, pero lleva aparejada el examen y diseño específico de su caso concreto, incluyendo las cuestiones de fondo y de procedimiento. Este importe, por supuesto, se descuenta de la tarifa final si usted decidiera encomendarnos el encargo finalmente.

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