Los abogados y asesores de Canalta nos encontramos a veces con que los clientes “llegan tarde” a demandar nuestros servicios. Se trata, evidentemente, de clientes no recurrentes; es decir, los que acuden a nuestro despacho para resolver un problema puntual, generalmente por sanciones tributarias o por una liquidación que “les ha llegado de Hacienda” y que, en ocasiones, lo hacen cuando ya ha concluido todo el procedimiento sancionador o de gestión tributaria; es decir, cuando la sanción o la deuda ya se encuentran en fase de revisión en vía administrativa.

De acuerdo con las especialidades del procedimiento revisor en el ámbito tributario, en ese momento, salvo excepciones, sólo hay dos vías posibles para revisar el acto impugnado: el recurso potestativo de reposición y la reclamación económico-administrativa.

Sin adentrarnos en el régimen jurídico y requisitos de uno y otro procedimiento o en cuestiones de extraordinaria importancia práctica, como la suspensión del acto impugnado mientras se resuelve el recurso o reclamación, existe una regla que suele pasar desapercibida por los obligados tributarios y que puede llegar a frustrar cualquier intento de defensa en fase revisoria: la preclusión administrativa.

No nos referimos a la expiración de los plazos preclusivos para reclamar, que hacen que el acto administrativo devenga firme e inatacable y que es una cuestión generalmente conocida por profesionales y legos y que podría resumirse en la idea de que “la impugnación está sujeta a plazo” o de que “en Derecho no sólo hay que tener razón, sino que hay que tenerla en tiempo y forma”.

La regla de la preclusión a la que aludimos ahora es aquella por virtud de la cual, “no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho”. Así reza el artículo 118.1 (segundo párrafo) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aunque no encuentra una referencia expresa en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la aplicación de la regla en el ámbito tributario es fruto del carácter supletorio de la normativa general administrativa y que se recoge en el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria.

Así lo comenta brillantemente en su blog JR CHAVES, quien analiza la significativa Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de octubre de 2015, que recoge esta doctrina de la preclusión administrativa y la aplica al ámbito tributario, al entender que su fundamento es la interdicción del abuso procesal (manifestación del abuso del derecho) y evitar así que el trámite de audiencia pierda su finalidad legal, lo que sucedería si el contribuyente pudiera, a su arbitrio elegir el momento en el que aporta las pruebas, datos y documentos que permitirán la correcta regularización tributaria y no cuando lo prevé la ley en el procedimiento específicamente previsto “ad hoc”.

Aunque esta regla puede admitir algunas excepciones que han defendido con éxito los abogados y asesores de Canalta, no se trata en absoluto, insistimos, de un caso aislado o “de laboratorio”, sino de una realidad bastante frecuente y con la que las Administraciones Tributarias, particularmente, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, suele “poner cerrojazo” a las legítimas y justas (desde un punto de vista de justicia material) reclamaciones del contribuyente.

Por eso, lo ideal es que sean los expertos asesores y abogados los que se hagan cargo de su liquidación o sanción lo antes posible, sin perder oportunidades de defensa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR