La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal. Se acabó así, de manera definitiva e inequívoca, con una larga tradición jurídica que se reflejaba en el axioma “societas delinquere non potest”.

Son razones de política criminal las que motivaron que el legislador, en sintonía con las tendencias del derecho comparado, introdujera esta novedad. Su finalidad, en definitiva, es combatir más eficazmente la delincuencia económica, que se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, a través de estructuras empresariales.

Este cambio fundamental en los principios jurídicos del nuestro Derecho Penal no resultaba absolutamente imprescindible, pudiendo haberse impuesto a las personas jurídicas responsabilidades de índole administrativa (igualmente gravosas) para prevenir y luchar contra las conductas empresariales fraudulentas y delictivas.

Habiendo transcurrido sólo cinco años desde la entrada en vigor de la mencionada norma, el legislador ha considerado necesario, por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, apuntalar el régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, corrigiendo ciertas deficiencias técnicas que habían sido evidenciadas por la doctrina y superando dudas interpretativas.

De acuerdo con la nueva regulación, contenida fundamentalmente en los artículos, 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies, y que iremos desgranando en las próximas entradas, la persona jurídica responderá penalmente siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • El delito haya sido cometido previamente por una persona física vinculada a aquélla, concretamente:
    • Los propios administradores o directivos de la persona jurídica, siempre que actúen en nombre y por cuenta de ésta.
    • Otras personas físicas que, actuando por cuenta de la persona jurídica y en el ejercicio de actividades sociales, dependen de los primeros y hayan podido cometer el delito, precisamente, por el incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de éstos.
  • En ambos casos, se requiere que el delito se haya cometido en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.
  • Se trate de uno de los delitos específicamente previstos en el Código Penal.

Como también tendremos ocasión de examinar con detenimiento, una de las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 es la posibilidad de que las personas jurídicas puedan quedar exentas de responsabilidad penal (o ésta quede atenuada) mediante el establecimiento y adecuada ejecución de los denominados Compliance Programs o programas de cumplimiento normativo.

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