Como ya se apuntaba en entradas previas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece nuestro ordenamiento jurídico se produce cuando, específicamente para los delitos previstos en la ley, éste se comete por determinadas personas físicas que están vinculadas con  la persona jurídica que ha de resultar penalmente responsable.

El artículo 31 bis, apartado 1 establece expresamente:

  1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
  2. a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  3. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Centrándonos en el supuesto contemplado en la letra a), se pueden apuntar las siguientes refexiones:

  • Desde un punto de vista subjetivo, para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica el delito habría de cometerse por  determinadas personas entre las que necesariamente deben incluirse los representantes legales de la persona jurídica; esto es, los integrantes del órgano de administración, También parece que deberían incluirse los directores generales o representantes voluntarios en virtud de un poder mercantil general inscrito en el Registro Mercantil, cuando se trata de entidades de esta naturaleza mercantil. Mayores dudas suscita la inclusión o no en este grupo de otras personas que sin ser representantes legales o voluntarios de la persona jurídica tienen, en el seno de la misma, facultades de organización y control. El criterio de la Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2016 parece inclinarse por incluir a estos últimos directivos o cargos ejecutivos que pueden tienen facultades de organización y control e, incluso, pueden actuar en nombre de la persona jurídica en determinados supuestos, aunque no ostenten la representación última de la misma. Podría ser el caso de apoderados para actos concretos o directores financieros que pueden firmar determinados documentos en nombre de a persona jurídica.
  • El delito debe ser cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica, lo que entiendo que debe interpretarse en el sentido de atribuir responsabilidad a la persona jurídica sólo cuando el delito se haya cometido por las personas descritas en el apartado anterior en el ejercicio de esas funciones de representación, administración, organización o control. Lo relevante en este punto, y la carga de la prueba deberá recaer sobre el acusador, es demostrar que la actuación de las personas físicas no se produjo a título particular.
  • La conducta delictiva debe haberse realizado en beneficio directo o indirecto de la persona jurídico. La interpretación que deba darse a este elemento se antoja absolutamente esencial para concretar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este punto, aunque, como es lógico, se trata de una cuestión de hecho sometida a prueba (con todas las garantías del procedimiento penal a favor del reo), la Fiscalía General del Estado parece apuntar hacia una interpretación claramente objetiva. En su Circular 01/2016 se indica por parte del Ministerio Público, que, al haberse sustituido la expresión “en provecho” de la anterior redacción, por la actual de “en beneficio directo o indirecto”, lo realmente relevante no es que el beneficio se haya producido de hecho, bastando una actuación que se dirija directa o indirectamente a obtener un beneficio para la persona jurídica. Además, no es necesario que el beneficio sea económico, al admitirse como beneficio cuya pretensión determine la responsabilidad penal de la persona jurídica otras ventajas intangibles o reputacionales.
  • En los casos descritos, como es lógico, la responsabilidad penal sería exigible tanto respecto de la persona física como de la persona jurídica. Así resulta también de la Circular que comentamos, en la que se dan instrucciones a los fiscales para mantener la acusación contra ambos.

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