Continuando lo apuntado en anteriores entradas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se contempla igualmente en aquellos casos en los que, por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de los administradores o directivos de la entidad, son las personas dependientes de éstos las que realizan el tipo objetivo del ilícito penal. Así se contempla en el artículo 31 bis, apartado 1, letra b) del Código Penal.

De la lectura de dicho precepto, a la luz de la comentada Circular 01/2016 de la Fiscalía General del Estado, conviene destacar lo siguiente:

  • Al igual que en el supuesto contemplado en la letra a), apartado 1 del artículo 31 bis, se exige que el hecho delictivo se haya cometido por cuenta de la empresa, en el ejercicio de su actividad y en su beneficio directo o indirecto, lo que incluye las ventajas no sólo pecuniarias, sino también intangibles o de otra naturaleza.
  • Se exige un incumplimiento grave de los mencionados deberes de supervisión, vigilancia y control de los administradores o directivos a los que se alude en la letra a). Esta es una diferencia respecto a la redacción anterior y permite extraer del ámbito penal los incumplimientos más leves.
  • Normalmente, esto implicará que, en muchos casos, al menos para el Ministerio Público, pueda haber una triple responsabilidad penal:
    • La responsabilidad penal de la persona jurídica, que es la responsabilidad que analizamos.
    • La responsabilidad de esos directivos o administradores que han incumplido gravemente los deberes mencionados, por un delito doloso (comisión por omisión) o por un delito por imprudencia grave.
    • La responsabilidad de las personas responsables directas del hecho delictivo que origina las otras responsabilidades anteriormente mencionadas.
  • Estas últimas personas, las que realizan el hecho delictivo, deben estar comprendidos en la órbita de la supervisión, vigilancia o control de los administradores o directivos, pudiendo tratarse tanto de empleados de cualquiera de las entidades del grupo (incluyendo las filiales), como de trabajadores de empresas subcontratadas o incluso de profesionales autónomos vinculados a la persona jurídica por un contrato mercantil de arrendamiento de servicios.
  • La responsabilidad civil subsidiaria de la empresa se puede producir aun cuando, por no ser grave el incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de los directivos o por no haber beneficio directo o indirecto para la persona jurídica, sí que se haya realizado un delito dentro de su ámbito de dominio o actuación, por las personas mencionadas en la letra b) que comentamos. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 120. 4º del Código Penal.

Los programas de cumplimiento normativo penal deben, por tanto, abordar y prevenir los riesgos penales derivados de la actuación no sólo de directivos y administradores, sino también de trabajadores de las empresas y de todos aquellos que se encuentran en el área de control, vigilancia y supervisión de los primeros. Confíe en nosotros para la elaboración de estos programas de cumplimiento normativo penal. También podemos asesorarle en materia de responsabilidad social corporativa y código ético, incluyendo los aspectos relativos a la adecuada selección de personal. Contamos para ello con un amplio equipo de abogados y otros profesionales, gracias a nuestra colaboración con despachos y firmas de toda España.

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